Cheque servicio

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Cheque servicio

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La prestación económica vinculada al servicio o cheque servicio, tiene como finalidad contribuir a la financiación del coste de un servicio -prestado por un centro o entidad privada debidamente autorizado por la Comunidad de Madrid- que esté determinado en el Programa Individual de Atención para la atención y cuidados de la persona en situación de dependencia, cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado.

Esta prestación equivale a la libre elección de recurso por parte de la persona en situación de dependencia y su familia, quienes pueden elegir el recurso que más se adapte a sus necesidades, preferencias, cercanía, etc., y recibe una cuantía económica para pagar dicho recurso. El cheque servicio permite a cada persona y su familia elegir el centro que deseen y proporciona una mejor atención de las necesidades: hay centros privados especializados con un trabajo muy adaptado a las personas que permiten mantener o mejorar las condiciones de vida de la personas.

La cuantía del cheque servicio para las personas que tengan reconocido el grado I es siempre la misma, es independiente de la renta y patrimonio de la persona; en los grados II y III, la cuantía sí varía en función de la capacidad económica personal. En cualquier caso, la cuantía de la prestación es del 100% de la cantidad establecida por el órgano competente cuando la capacidad económica sea igual o inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), índice empleado como referencia para concesión de ayudas.

Cheque servicio: Cuantías máximas establecidas para cada grado de dependencia*
GRADO III 715,07€/mes
GRADO II 426,12€/mes
GRADO I 300,00€/mes

* Disposición transitoria décima del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

El período que se tiene en cuenta para la determinación de la renta y patrimonio es el correspondiente al último ejercicio fiscal cuya obligación de declarar haya finalizado en la fecha de presentación de la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia, de la revisión por agravamiento o de la revisión del Programa Individual de Atención. Si en el momento de determinar la capacidad económica del beneficiario ha prescrito el referido ejercicio fiscal, se puede tener en cuenta el ejercicio inmediatamente siguiente. No obstante, cuando la capacidad económica de la persona beneficiaria solo provenga de la percepción de pensiones, prestaciones o subsidios públicos, el período a computar en su determinación será el correspondiente al ejercicio en que se presente la solicitud.


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Procedimiento de solicitud de dependencia

El procedimiento para solicitar el reconocimiento de dependencia hay que presentar una serie de documentación en cualquier registro con ventanilla única de la Comunidad de Madrid; También se puede realizar el trámite a través del Centro de Servicios Sociales correspondiente por padrón.

La documentación a presentar es la siguiente:

  1. Solicitud (reconocimiento de dependencia)
  2. NIF/NIE del solicitante y del representante, en su caso. (Si el ciudadano autoriza su consulta en el formulario de solicitud, no será necesaria la aportación).
    4. Certificado de empadronamiento que acredite que el solicitante lleva 5 años residiendo en España y los dos últimos inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud, en la Comunidad de Madrid,
  3. Informe de salud actualizado: se solicita en el centro de salud.
  4. Informe social (aportar por los Servicios Sociales municipales).
  5. En caso de que el solicitante sea pensionista de gran invalidez, copia del documento que lo acredite.
  6. En el caso de tener reconocido algún grado de discapacidad, el documento emitido por el órgano competente que lo acredite.

Una vez entregada la documentación, la Entidad Local que gestiona las solicitudes, se pondrá en contacto a través de los datos facilitados para fijar el día y la hora para la valoración de la situación de dependencia que se realizará en el entorno habitual: en el domicilio, residencia o centro socio sanitario donde se encuentre la persona que solicita el reconocimiento.

El objetivo de esta valoración es emitir un dictamen técnico, que será enviado por correo certificado, donde se indica el grado de dependencia (Grado I Dependencia Leve; Grado II Dependencia Moderada; Grado III Dependencia Severa) y, si procede, se reconoce el derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia a través del correspondiente Programa Individual de Atención. Este programa, conocido como PIA, es el que determina la modalidad de intervención que se considere más adecuada, donde se tiene en cuenta la preferencia del solicitante.

El plazo máximo para resolver el procedimiento es de seis meses, salvo que se produzca una paralización del mismo por causas imputables al interesado como una solicitud de revisión del grado, a contar desde la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro de la administración competente para su tramitación.

El plazo en la que se gestiona todo el proceso es largo, así que lo mejor es armarse de paciencia; no obstante aunque el proceso sea largo e independientemente de los recursos económicos con los que se cuente, siempre hay una resolución y una prestación, así que es importante iniciar el trámite.

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Catalogo de servicios y prestaciones. Compatibilidad e incompatibilidad.

Ley de dependencia: catálogo

El Catálogo de servicios y prestaciones económicas sobre el que elegir una vez reconocido el grado de dependencia, es el siguiente:

Prestaciones no Económicas o servicios:

  1. Servicios de prevención de las situaciones de dependencia.
  2. Servicios de promoción de la autonomía personal, tales como:
  • Los de habilitación y terapia ocupacional.
  • Atención temprana.
  • Estimulación cognitiva.
  • Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional.
  • Habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual.
  • Apoyos personales y cuidados en alojamientos especiales (viviendas tuteladas).
  1. Servicio de Teleasistencia domiciliaria.
  2. Servicio de Ayuda a Domicilio, intensivo o no intensivo, en sus dos modalidades:
  • Atención personal.
  • Tareas domésticas.
  1. Servicios de Atención Diurna/Atención Nocturna:
  • Centros de atención diurna para personas mayores.
  • Centros de atención diurna para menores de sesenta y cinco años.
  • Centros de atención diurna de atención especializada.
  • Centros de atención nocturna.
  1. Servicio de Atención Residencial para personas en situación de dependencia:
  • Residencias para personas mayores.
  • Residencias para personas con algún tipo de discapacidad.
  1. Otros servicios prestados en Centros de Atención a Personas en Situación de Dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad, así como los prestados en Centros de Atención a Personas en Situación de Dependencia en el ámbito sociosanitario o socioeducativo.

Prestaciones Económicas

Compatibilidades e incompatibilidades:

Conforme a lo establecido en el artículo 25 bis de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, dispone el siguiente régimen de compatibilidades e incompatibilidades entre servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad de Madrid:

  1. El servicio de teleasistencia y los servicios de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal son compatibles con todos los servicios y prestaciones, salvo con el servicio de atención residencial y la prestación económica vinculada a dichos servicios.
  2. El servicio de ayuda a domicilio intensivo es incompatible con todos los servicios y prestaciones, salvo con el servicio de teleasistencia y los servicios de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal.
  3. El servicio de atención diurna/nocturna es incompatible con todos los servicios y prestaciones, salvo con el servicio de teleasistencia y con los servicios de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal. En el caso de Grado II o Grado III también será compatible con el servicio de ayuda a domicilio no intensivo.
  4. El servicio de atención residencial es incompatible con todos los servicios y prestaciones.
  5. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales será incompatible con todos los servicios y prestaciones, salvo con la teleasistencia y los servicios de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal.
  6. La prestación económica vinculada al servicio estará sujeta al mismo régimen de incompatibilidades que el servicio al que esté vinculada.
  7. La prestación económica de asistencia personal podrá compatibilizarse con el servicio de teleasistencia y con los servicios de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, siendo incompatible con el resto de los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

No obstante, las personas beneficiarias no pueden ser titulares, simultáneamente, de más de una prestación económica o de más de un servicio, salvo que sean compatibles. La compatibilidad entre dos servicios, o entre una prestación y un servicio, podrá estar limitada por criterios de intensidad de conformidad con lo previsto en el artículo 25 bis de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.


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Ley de dependencia

La Ley 30/2006 de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia – conocida como “Ley de Dependencia”- nació para regular el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Este sistema es el conjunto de servicios y prestaciones destinados a la prevención y promoción de la autonomía personal, a través de los servicios públicos y privados concertados.

Esta ley supuso un antes y un después en la protección social de las personas en situación de dependencia: Hasta la aparición de esta normativa las competencias en servicios sociales pertenecían a los ayuntamientos, no habiendo un derecho subjetivo en esta materia; y según el lugar de residencia de la persona, había una serie de recursos o prestaciones que no eran garantizadas por ley. El/la ciudadano/a las solicitaba y se adjudicaban si había presupuesto o a través de una serie de baremos que daban acceso, o no, a la prestación.

La Ley de Dependencia es un intento de igualar y garantizar el acceso a una serie de recursos y prestaciones, y  marca el camino a nivel nacional y cada Comunidad Autónoma es quien desarrolla la ley a través de una serie de decretos. Todo esto se debe a que las competencias de servicios sociales pertenecen a las Comunidades, y por ello existe la desigualdad de acceso y rapidez en la concesión de recursos según zona de vivienda.

El derecho subjetivo que se reconoce con esta ley se hace a través del un grado de Dependencia, por lo que las prestaciones y recursos asociados al grado no pueden ser negados por la administración. Inicialmente se establecían dos niveles dentro de cada grado, pero fueron suprimidos, quedando de la siguiente manera:

  • Grado I, Dependencia Leve
  • Grado II, Dependencia Moderada
  • Grado III, Dependencia Severa.

Según el grado concedido se tiene acceso a una serie de recursos y prestaciones económicas y, como es lógico, a mayor grado, mayor cuantía de las prestaciones económicas y el acceso es más rápido a las prestaciones no económicas.

En Diciembre de este año esta ley cumplirá diez años y haciendo balance, se puede decir que  se ha avanzado en la protección de las personas dependientes en España pero aún queda mucho camino por recorrer: hasta que no haya una Ley de Servicios Sociales única para todas las Comunidades Autónomas o  un cambio en las competencias que pasen a ser gestionados por el estado, seguirá habiendo desigualdad y no se cumplirá el principio de universalidad.


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