La Ley 30/2006 de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia – conocida como “Ley de Dependencia”- nació para regular el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Este sistema es el conjunto de servicios y prestaciones destinados a la prevención y promoción de la autonomía personal, a través de los servicios públicos y privados concertados.
Esta ley supuso un antes y un después en la protección social de las personas en situación de dependencia: Hasta la aparición de esta normativa las competencias en servicios sociales pertenecían a los ayuntamientos, no habiendo un derecho subjetivo en esta materia; y según el lugar de residencia de la persona, había una serie de recursos o prestaciones que no eran garantizadas por ley. El/la ciudadano/a las solicitaba y se adjudicaban si había presupuesto o a través de una serie de baremos que daban acceso, o no, a la prestación.
La Ley de Dependencia es un intento de igualar y garantizar el acceso a una serie de recursos y prestaciones, y marca el camino a nivel nacional y cada Comunidad Autónoma es quien desarrolla la ley a través de una serie de decretos. Todo esto se debe a que las competencias de servicios sociales pertenecen a las Comunidades, y por ello existe la desigualdad de acceso y rapidez en la concesión de recursos según zona de vivienda.
El derecho subjetivo que se reconoce con esta ley se hace a través del un grado de Dependencia, por lo que las prestaciones y recursos asociados al grado no pueden ser negados por la administración. Inicialmente se establecían dos niveles dentro de cada grado, pero fueron suprimidos, quedando de la siguiente manera:
- Grado I, Dependencia Leve
- Grado II, Dependencia Moderada
- Grado III, Dependencia Severa.
Según el grado concedido se tiene acceso a una serie de recursos y prestaciones económicas y, como es lógico, a mayor grado, mayor cuantía de las prestaciones económicas y el acceso es más rápido a las prestaciones no económicas.
En Diciembre de este año esta ley cumplirá diez años y haciendo balance, se puede decir que se ha avanzado en la protección de las personas dependientes en España pero aún queda mucho camino por recorrer: hasta que no haya una Ley de Servicios Sociales única para todas las Comunidades Autónomas o un cambio en las competencias que pasen a ser gestionados por el estado, seguirá habiendo desigualdad y no se cumplirá el principio de universalidad.
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